Néstor Osvaldo Losa*
Revisando los aconteceres de los últimos dos meses aproximadamente y analizando los discursos presidenciales, nos formulamos los tres interrogantes del título e intentaremos resumirlos.
El primero y muy preocupante es el peligro que acecha a la democracia, porque la definición de ella más entendible siempre fue “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, pero también fue presentada como una forma de gobierno participativa que permite el debate racional para un consenso eventual, para decisiones mayoritarias que apunten a mejorar la calidad de vida de ese pueblo representado y no para pisar a las minorías y correrlas de la escena parlamentaria. Pero además, nos enseñaron que la democracia constituye un estilo de vida en el que el disenso es parte de ese estilo y el respeto por el que piensa distinto. A ello, debe ser sumada la moderación efectiva que evite la agresión y mantenga valores de base. En este contexto la lógica cívica nos dice que se puede discutir sin altanería, no mentir, no imponer posturas forzosamente y saber que por el voto se gana y por el voto se pierde y que nadie es más que otro, porque el pueblo gobierna a través de sus representantes que son mutables como son los ciudadanos cuando alteran su pensar o castigan con sufragio a quien mal gestionó o legisló. Claro, suele ocurrir que el representante olvida este extremo, cambia sus ideas y se aleja de los representados a los que ve muy pequeños y en determinado momento deja de visualizar.
Si bien la tendencia a una mayor participación popular sigue vigente, no tenemos parece, la suficiente cultura cívica para que ello se materialice. Referendum, plebiscito, audiencias públicas, iniciativa popular, revocatoria de mandatos, entre otros mecanismos existentes en constituciones y cartas orgánicas, no aparecen en los hechos y lo pétreo se impone a lo dinámico a la hora de innovar plexos jurídicos. Pero la forma representativa-democracia- sobrevive, aunque ciertos gobiernos que operan con manifiesto populismo aun cuando la invocan, la están arrinconando y así se conmueve negativamente el sistema global.
Sin respeto a las ideas, sin respeto a las personas y con furibundos ataques a las instituciones con agresividad pública discursiva, lejos de crecer el árbol democrático, comienza a secarse. Solemnidades y formas adecuadas siguen siendo valores de lo democrático…se están perdiendo!!. Es preocupante este presente de agresión que se expande.
En cuanto a la República, su situación actual denota un alto grado de enfermedad que se agrava día a día. El pilar republicano, aunque no el único, es la separación de poderes, la limitación de cada uno por las funciones preasignadas constitucionalmente y los controles recíprocos que no autorizan invasiones o atropellos coyunturales. Otros protocolos son la igualdad, la responsabilidad de los funcionarios de gobierno, la periodicidad de funciones, la publicidad de los actos gubernativos.
Si algo preocupa en toda constitución seria del mundo, es precisamente el respeto a los espacios que cada Departamento del poder con su independencia real. Que cada función específica sea plena en lo que generen cada uno institucional y políticamente. Por eso cuando el Congreso sólo avala proyectos del Ejecutivo y no admite correcciones que pueden mejorar una ley, está complicando al sistema y crea desazón en la sociedad porque pasa a ser como las Cortes de la Monarquía que, precisamente la república hizo caducar. Cuando se legisla con capricho o con manifiesto interés personal o sectorial, el andamiaje de la división de poderes cae en la misma proporción que la ciudadanía eleva su decepción por la política. Entonces caen las ideologías y pesa más el votar por castigo que por convicción.
El Poder Judicial es el garante de la legalidad, del equilibrio humano y el custodio de la constitucionalidad-convencionalidad. Sus decisiones son más que la ley misma o como ella y, por ende, el cumplimiento y respeto tiene que ser sin condicionamientos pues, de lo contrario, el gobierno democrático y republicano pasa a ser una dictadura o tiranía aunque no se asuma o convenza esta terminología que parece antigua. Las normas jurídicas son coactivas legítimamente, no son opciones para acatarlas o no, son imperativas, no son consejos temporales, son la base del respeto a la libertad y la igualdad. Quien las hace cumplir en los casos concretos, es el poder Judicial porque así se diseñó la república, aunque el ideal sería que nada llegara a este poder jurisdiccional, porque eso demostraría que se legisló y ejecutó bien o que la sociedad es cumplidora de las normas y entonces no es necesario acudir a los tribunales. Pero esta utopía, es precisamente una ficción literaria y más cuando como en la Argentina, desde el poder político se desautorizan a otros poderes e instituciones o se avasallan derechos de la gente sin medir las inconstitucionalidades y el resultado se resume en judicializar todo.
Luego, la “culpa” es de los jueces cuando las leyes son criticables o desactualizadas o sus valores opuestos a la Ley Suprema.
Es muy complejo y duro aceptar constitucionalmente que un presidente en funciones, además de propiciar un juicio político incausado contra los ministros de la Corte Suprema, se arrogue funciones de máximo pretor o argumente como abogado en causas judiciales en trámite o con sentencia, que no cumpla fallos firmes o medidas cautelares u opine erróneamente sobre articulado constitucional que es de clara redacción y se lo explicite de forma contraria. Esta mirada es técnica y no política. Es grave que se denoste a funcionarios legítimos de un poder frente a todos los poderes y en acto público institucional. La República es lo opuesto a la monarquía, pero ni siquiera las monarquías actuales embaten contra instituciones jerárquicamente inferiores. El poder tiene límites y, si bien mucho no pudo atemperarse el presidencialismo en la reforma de 1994, el balanceo de poderes debe equilibrarse para una mejor gobernanza. Es contrario a derecho que los poderes se infiltren unos a otros, hace temblar de frio a la república y asì se puede enfermar al sistema recuperado a fines de 1983.
Y qué decir de la huida del federalismo… Creer que visitar provincias constituye federalismo, es como suponer que mirar la lejana otra orilla es conocer el país que allí se encuentra.
El sistema organizativo federal es lo opuesto al centralismo y en el siglo XXI está ensamblado terminantemente a una coparticipación federal justa y oportuna que permita gestionar las autonomías provinciales y municipales. El federalismo cooperativo y de buena fe es también el que respeta las competencias que cada nivel de gobierno posee, lo que conocemos como “poder de policía”. Federalismo proviene del término latino “foedus” que significa acuerdo, convenio, pacto. Ello implica el respeto de cada estado miembro, de cada municipio autónomo y de la ciudad constitucional de Buenos Aires (art. 129 CN.) Y nos podemos preguntar, el respeto de quién? Pues, el respeto del gobierno nacional en primer término, esa actitud que se traduce en permitir que el principio de subsidiariedad y el de proximidad impere autonómicamente. El respeto a pactar, acordar entre todos los gobiernos que componen el país de manera igualitaria en lo posible y con recato en el trato. Son los gobiernos locales los que otorgaron atribuciones al gobierno central (art. 121 CN ex 104) y no al revés como por ejemplo posee Canadá. Por eso es que no constituye una gracia otorgar fondos a las provincias, CABA y municipios, son derechos que en cada ámbito poseen con relación a los recursos indispensables para sus desarrollos integrales. Igual ocurre con las incumbencias. Ellas como principio son territoriales aunque algunas sean concurrentes.
Las atribuciones del Gobierno federal están en la Constitución. En consecuencia, cuanto menos asistan los gobernadores a Buenos Aires, mejor. La vieja “liga de gobernadores” que se tipificaba en caudillos del siglo XIX, no existe como derecho positivo, es por ello que se generó un Senado que representa a cada provincia y a CABA. Los enfrentamientos del Gobierno central con provincias o CABA, no son buenos para la convivencia del país y por eso atinadamente existe procesalmente, con base constitucional, la acción originaria ante la Corte Suprema para que dirima estos conflictos que sería mejor fueran resueltos políticamente. Pero si el caso judicial se plantea, lo que resuelva el Tribunal Supremo es la última palabra para los litigantes.
Debe acatarse, aunque previamente sería bueno haber evitado el pleito. El federalismo no se pregona, se ejercita. En el siglo XIX hubo quienes se decían federales pero operaban como unitarios y viceversa. Hoy el federalismo es descentralización con recursos y respeto a las gobernabilidades autonòmicas locales, hoy las ciudades son más cuantitativamente e imponen un mayor activismo que veinticinco años atrás y el urbanismo avanza junto con los reclamos del colectivo.
Es de desear que el título de este modesto aporte, se invierta y todo sea como la Constitución Nacional estableció para el bienestar general según reza su preámbulo.
Bs. As., marzo 7 de 2023.
*Abogado. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales-UBA- Profesor Consulto de Derecho
Constitucional (UBA).
Excelente texto. Quiénes tenemos muchos años, hemos visto agonizar la democracia, pero creo que ya ha muerto. Todo aparece impuesto de manera dictatorial por nefastos gobiernos.
Excelente nota. Resume los simples conceptos en los que se fundo el país y que posibilitaron su desarrollo y su lugar en el mundo desde fines del siglo XIX y hasta su ruptura. La República en los términos descritos se viene deshilachando al igual que el país. Y eso preludia desorden, abusos, pobreza y quizá hasta dictadura. Somos conscientes de lo que sucede y debemos preguntarnos si no lo estamos consintiendo. De ser así sabremos como será el final.